Acallamiento
Escrito por Rodrigo Molina (@Rodmol7)
Sin duda que la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino Chileno ha constituido un verdadero dolor de cabeza para el establishment dirigencial de los clubes nacionales. Aquellas instituciones, de acuerdo a lo señalado por dicha Ley, tendrán que incurrir en un gasto mensual, que oscila entre los seis a ocho millones de pesos mensuales, como mínimo, solo en el pago de los sueldos de las jugadoras con contrato que, de acuerdo a la Ley, debe cumplirse con un 50% de cada plantel. Gasto que debe dolerle a las débiles arcas de cada club, cuya mayoría aún ve al balompié de mujeres como un "cacho", teniendo que invertir en cada rama femenina y salir a buscar recursos, para cumplir con lo establecido legalmente.
La Ley de Profesionalización establece que a cada jugadora se le debe hacer un contrato laboral, pero el tema va más allá de la firma del mismo y del pago de un sueldo mensual acordado entre el empleador (club deportivo) y la trabajadora (futbolista). También deben quedar establecidos, con claridad, otros temas relacionados con otros beneficios que deben recibir las jugadoras, en cuanto a bonos, premios y viáticos, por un lado, como así también elementos de suma importancia para cualquier laburante, tales como la indumentaria, colación, locomoción, arriendos de habitación, etc. Igualmente, cada club deportivo afecto a esta ley, debe ocuparse en forma puntual del pago de cotizaciones de cada futbolista, es decir, estar al día y pendiente de cancelar los dineros correspondientes a previsión (AFP o INP) y salud (Fonasa o Isapres).
Otro aspecto que ningún club debe dejar de lado es la seguridad de cada jugadora. El fútbol es un deporte de alto riesgo, y las mujeres que lo practican en forma competitiva son susceptibles a sufrir graves lesiones, tales como desgarros o esguinces hasta más graves como roturas de meniscos o ligamentos y fracturas oseas. Es por ello que cada institución ligada al fútbol femenino profesional debe tener un convenio con alguna mutual, como la ACHS, por ej., para brindarles las atenciones necesarias a las futbolistas que sufran graves lesiones. Así mismo, los clubes deportivos deben tener, en su estructura organizativa, un departamento de prevención de riesgos, con el objetivo de anticipar cada siniestro y la posibilidad de que ellos ocurran, tanto dentro como fuera de la cancha.
Los derechos laborales y los temas de seguridad de las futbolistas cobran vital importancia en cuanto a la prosecución del bienestar y la equidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por todo aquello, son absolutamente necesarias las presencias tanto de sindicatos de trabajadores como de comités paritarios.
Un sindicato se define como la asociación de trabajadoras y trabajadores, cuyo objetivo es la defensa de los derechos e intereses profesionales, económicos y laborales de sus asociados. Mientras que un comité paritario se define como un organismo técnico de participación entre una empresa y sus trabajadores, con el fin de detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades, contribuyendo a su prevención.
Por fortuna, he tenido el privilegio de pertenecer a la directiva de un sindicato y a ser el presidente de un comité paritario, ambos en la empresa de correos WSP, así que no creo ser un neofito en el tema.
De acuerdo al derecho laboral, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a manifestarse cuando existe incumplimiento de las condiciones laborales y contractuales, cuando existe menoscabo de su persona o cuando se transgreden sus derechos. Existen diferentes formas de manifestación, que van desde una carta de protesta con la firma de los laburantes movilizados, hasta la huelga o paralización de actividades, todo dentro de un marco legal, para enmendar la situación que va en directo perjuicio de sus intereses y necesidades.
He aquí la piedra angular de esta columna.
Durante el mes de Septiembre del presente año, el Sindicato de Trabajadores Cruzados, del Club Deportivo Universidad Católica, se acogió a la realización de una histórica huelga legal para mejorar sus condiciones laborales, que paralizó diversas áreas tales como el fútbol formativo, escuelas de fútbol, área de comunicaciones, personal administrativo y área de captación de nuevos jugadores. A esta huelga legal se acogieron parte del cuerpo técnico del primer equipo de la UC femenina, entre ellos su DT Ronnie Radonich, los cuales recibieron el espaldarazo de gran parte de las jugadoras, las cuales firmaron una carta de apoyo a su técnico y demás integrantes de la mesa técnica. Después de ocho días de intensa negociación colectiva, los trabajadores paralizados depusieron la huelga.
Resulta que, tres meses más tarde de aquellos acontecimientos, un total de once jugadoras fueron desafectadas del cuadro femenino cruzado, mientras que otras siete futbolistas no tienen certeza de su continuidad en la rama femenina de la Universidad Católica.
Las once jugadoras que no continuarán vistiendo la casaquilla cruzada son: Antonia Dolz, Tindra Biederman, Andrea Cerda, Camila Cofré, Valentina Núñez, Monserrat Sepúlveda, Valentina Aravena, Paz González, Macarena González, Carla Pérez y Jazmín Torrealba. Cabe destacar que tanto Carla Pérez como Torrealba no firmaron la carta de apoyo a los trabajadores en huelga.
Por su parte, las siete jugadoras cuya continuidad está en duda son: Naiara Kapstein, Valentina Montenegro, Catalina Mussuto, Consuelo Martin, Aileen Genskowsky, Camila Arriagada y la portera Constanza Barrientos. De ellas, solo Arriagada no firmó la referida carta en apoyo.
Que se pretende con todo esto. En lo principal, restringir cualquier espacio de reclamo por la dignidad y los derechos de las jugadoras, cerrando los espacios de comunicación, limitando sus oportunidades para jugar y, fundamentalmente, pretendiendo acallar aquellas voces consideradas conflictivas y problemáticas para las dirigencias de cada uno de los clubes del fútbol profesional.
Bien sabemos que el fútbol, en los tiempos actuales, es visto no como un deporte sino como un negocio, y los mandamases de los distintos clubes afiliados a la ANFP, pertenecen o están relacionados con la elite política, social y económica de nuestro país, y no simpatizan en nada con la lucha sindical ni con ninguna de sus prácticas. Estamos viviendo en un país donde los derechos legítimamente adquiridos por nuestra sociedad no son vistos como tales, sino como un buen de consumo.
Esta situación vivida en la Universidad Católica y su rama femenina, puede vislumbrarse como una represalia hacia este grupo de jugadoras por haber apoyado una paralización. Desgraciadamente, no solo en la UC han transcurrido hechos negativos en el devenir del fútbol femenino chileno.
En la Universidad de Concepción se ha anunciado la salida de cinco jugadoras, quienes fueron desvinculadas de la rama femenina del Campanil. Estas jugadoras desafectadas son Yasna Becerra, Fernanda Durán, Aída Castillo, Camila Torres y Catalina Fuentes. La salida de esta última jugadora causó real escozor e indignación en la hinchada forera, ya que Catalina ha sido una referente dentro de la UdeConce femenina, capitana del primer equipo y una de las fundadoras de su rama femenina, permaneciendo más de doce años en la institución universitaria. La desafeccion de Fuentes, quien el año pasado era titular en el primer equipo femenino de la UdeConce, y que en esta temporada gozó de escasas oportunidades como titular, destapó otra realidad, diferencias entre parte del plantel y el cuerpo técnico dirigido por la DT Paula Andrade. Se habría decidido la salida de Fuentes, según lo que ha declarado Catalina en sus redes sociales, porque no habría agradado que la zaguero central haya expresado su opinión sobre la interna del plantel, y supuestos privilegios y relación cercana de Andrade con otras jugadoras.
La desvinculación de Catalina Fuentes de la U.de Concepción obedece a esa lógica de no tener jugadoras con opinión y que planteen sus puntos de vista acerca de diversas contingencias, evitando a las futbolistas supuestamente conflictivas para los estamentos superiores y, junto con ello, blindar a las y los directores técnicos, como sucedió con el DT de O'Higgins, Manuel Alarcón, quien ha sido acusado por algunas jugadoras del cuadro celeste, tanto de maltrato, misoginia y lesbofobia, lo cual desencadenó en la salida de algunas jugadoras del plantel femenino representativo de la ciudad de Rancagua.
Para algunos de los clubes del fútbol profesional de Chile, les es conveniente deshacerse de las jugadoras que puedan esbozar una opinión disidente acerca de la realidad de cada una de las ramas que forman parte del futfem nacional, o que alcen la voz criticando o denunciando las malas condiciones que se pueden percibir a diario en dstintos clubes tanto de Primera División como del Ascenso Femenino, o también desvincular a aquellas jugadoras que puedan representar un alto costo en cuanto a sueldos y gastos adyacentes. En vez de eso, muchos clubes han adoptado la decisión de incorporar a los primeros equipos a jugadoras jóvenes que provengan de las divisiones inferiores o del medio local, recurriendo a futbolistas de localidades cercanas. Ante la opinión pública hablan de "rejuvenecer" o "renovar" cada plantel, pero en el fondo, buscan incorporar a jugadoras sumisas, obedientes, que no expresen opiniones críticas sobre la realidad de cada club y que no contradigan ninguna orden.
También es alarmante la despreocupación que existe en algunos equipos sobre la integridad física de sus jugadoras, en especial, de aquellas que han sufrido graves lesiones. Ya esbozamos el caso de la volante Alejandra Manzo, de O'higgins, a la cual no se le ha brindado la ayuda suficiente para el tratamiento de su fractura de peroné, teniendo que recurrir a rifas. En los últimos días, hemos conocido en redes sociales el caso de la delantera de Rangers, Francisca Arellano, quién sufrió una grave lesión que le demandará cinco meses de rehabilitación, acusando los hinchas al club rojinegro de notable abandono.
Las respuestas de los clubes a la puesta en práctica de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino Chileno son adversas, yendo desde la propuesta de un torneo corto de cinco a seis meses de duración hasta la desvinculación de un número significativo de jugadoras, que quedan afectadas por la cesantía y se ven obligadas a buscar nuevos caminos para poder seguir manteniendose. La respuesta de ANJUFF no ha sido todo lo rápida que esperamos, ya que amarrada por defender a una ley que tiene vacíos y por no tener los recursos suficientes para desplegarse por el país y conocer la realidad de cada plantel. Tal vez sea la hora de actuar en conjunto con otros estamentos, como la COFUFF o el mismo SIFUP, en forma decidida por el bienestar de todas las futbolistas femeninas profesionales.
La realidad es inquietante, y está afectando a todo el fútbol femenino profesional de Chile. Estamos pasando de una pre crisis a una crisis manifiesta, y que puede ser muy dolorosa para la actividad entera.
